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Boletín de prensa 11 de agosto de 2011
EL TIEMPO
FALLO ORDENA REINTEGRAR A POLICÍA GAY A LA INSTITUCIÓN
Según cuenta el teniente William Viasús fue retirado hace cinco años por su condición sexual.
No obstante, un fallo del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia, Caquetá, ordenó su reintegro.
El fallo, en primera instancia, le exige a la Policía y al Ministerio de Defensa que le pague los sueldos, bonificaciones y prestaciones que Viasús haya dejado de recibir durante el tiempo que estuvo por fuera de la Policía y que sea llamado para cursos de ascenso.
Viasús llegó a ser comandante de estación y de escuadrones de carabineros y obtuvo 45 felicitaciones durante su servicio, por lo que para él su retiro de la Policía obedeció a su condición sexual.
La entidad usó la facultad discrecional para destituirlo. "Estoy satisfecho con el fallo y volveré a ponerme el uniforme verde oliva", dice el teniente, para quien el reintegro es un asunto de dignidad.
Siempre soñó con ser general y aún conserva en su casa recuerdos de su época como comandante de hasta 400 policías.
Viasús ahora comercializa productos alimenticios y es uno de los primeros oficiales hombres que habla públicamente de su orientación sexual.
"No quería vivir como muchos de los gay que hay en la institución y llevan una doble vida: casados y con hijos. No, yo quería una vida honesta y vivía mi sexualidad en soledad", había dicho antes a EL TIEMPO.
Tras rumores sobre la falta de novia del teniente, Viasús fue confrontado por un coronel a quien le confío que era homosexual, pero después de hacerlo fue trasladado de unidad y luego retirado.
En el caso, Viasús contó con el testimonio de uno de sus superiores, quien declaró ante el Juzgado de Facatativá que dos oficiales de alto rango en Córdoba habían indagado por la condición sexual del teniente.
Al fallo que ordena el reintegro le surte una apelación por parte de la Policía y el Ministerio.
OFICIALIZARÁN PROPUESTA DE CONSULTA PARA MATRIMONIO GAY Y ABORTO
Bancada conservadora en la Cámara elevará la petición ante el Consejo Nacional Electoral.
La idea de los representantes a la Cámara conservadores, anunciada por ELTIEMPO.COM la semana pasada, es que el próximo 30 de octubre los colombianos den su opinión sobre estos dos controversiales temas, los cuales son objeto de proyectos de ley en el Congreso.
El único tema que no se les consultaría a los ciudadanos es la posibilidad de que haya reelección presidencial indefinida, idea que había sido mencionada por el representante a la Cámara Heriberto Sanabria.
David Barguil, vocero del partido en esta corporación, dijo que esta consulta "sería la mejor forma en la que se podría tomar una determinación como Estado y como Nación, dado que armonizaría nuestro actuar legislativo con la expresión voluntaria de cada uno de nuestros compatriotas".
De recibir luz verde por parte del Consejo Electoral, se incluirían dos papeletas en los comicios regionales del 30 de octubre: una para preguntar por la posición de los colombianos sobre el aborto y otra sobre el matrimonio gay.
PROYECTO PROPONE QUE ADICTOS A LAS DROGAS SEAN INTERNADOS DE INMEDIATO
Radican reforma constitucional para reglamentar la prohibición del porte y consumo de dosis mínima.
El senador del partido de 'la U' Juan Carlos Vélez radicó un proyecto de reforma constitucional para reglamentar la prohibición del porte y consumo de la dosis mínima, el cual obligaría a que si una persona es catalogada como adicta sea internada de forma inmediata en un centro de rehabilitación. El Estado correría con todos los gastos del proceso.
La iniciativa pretende que si una persona es sorprendida por la Fuerza Pública consumiendo o portando estupefacientes, de inmediato sea remitida a una estación de Policía para que allí un médico valore si es o no adicta.
Si la valoración es positiva, de inmediato la persona debe ser remitida a un centro de rehabilitación para que inicie un tratamiento. La Fuerza Pública también tendría facultades para decomisar los alucinógenos que esté portando.
"Lo llevan a la evaluación en la estación. Si es adicto, inmediatamente lo internan en un centro de rehabilitación. Todo correría por cuenta del Estado. Si no es adicto, lo tienen que soltar", explicó Vélez.
El congresista agregó que "actualmente hay más libertad para consumir marihuana que cigarrillos. En el Código de Policía no hay claridad, las sanciones son mínimas, con multas de 500 pesos. Se necesita legislación para que el consumo de estupefacientes tenga tratamiento".
El articulado de la iniciativa indica que "la situación de la persona debe ser catalogada razonadamente como urgente, para garantizar los derechos de quien se encuentre en estado de indefensión, o exposición al peligro, o evidente excitación así como de terceros eventualmente afectados".
El proyecto, según Vélez, también pretende ampliar las sanciones para el porte de anfetaminas y drogas sintéticas como el éxtasis, ya que la actual reglamentación sobre la dosis mínima solo aplica para drogas como la cocaína, la marihuana y el bazuco.
El congresista afirmó que el Estado deberá destinar recursos para crear los Centros de Atención en Drogadicción y los Centros de Orientación, para garantizar los tratamientos de los adictos.
Esta iniciativa es la misma que en su momento presentó el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe para reglamentar la dosis mínima, pero que el Congreso no tramitó al argumentar que, según conceptos del Ministerio de Hacienda, no había recursos para desarrollarla.
SENADO INVITA A LAS CORTES A DEBATIR REFORMA A LA JUSTICIA
El proyecto distanció a las ramas Ejecutiva y Judicial, por su contenido.
La Comisión Primera del Senado invitó a las altas cortes, el próximo 23 de agosto, para que expongan sus desacuerdos y propuestas sobre la reforma de la Justicia.
Los voceros del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia han expresado que la iniciativa afecta la democracia y que pone en riesgo el equilibrio de poderes, porque, según dicen, podría dejar al Ejecutivo con más facultades.
Juan Manuel Galán, senador liberal y miembro de la Comisión Primera, explicó que es necesario que el debate se dé con las cortes en el Congreso.
Es necesaria la citación "para conocer de primera mano de forma directa, espontánea, franca y abierta cuál es la postura que ellos tienen frente al proyecto, dado que han pedido una veeduría internacional", señaló Galán.
El congresista agregó que "eso, para mí, es una profunda demostración de desconfianza desde las altas cortes a todo este proceso que se avecina".
El presidente Juan Manuel Santos también ha expresado que será el Congreso de la República el escenario para discutir la reforma y ha sugerido que el Legislativo sea el árbitro para las diferencias entre la rama Ejecutiva y la Judicial.
A las cortes no les gusta que se les entregue a los particulares la posibilidad de administrar justicia, dentro de un programa de descongestión judicial.
También les gusta que puedan perder la posibilidad de nominar al Contralor General de la República y al Procurador General de la Nación.
Y miran con reservas que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pierda la facultad de investigar los funcionarios con fuero especial.
Cabe recordar que el presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, no descartó llevar su propuesta de revivir la inmunidad parlamentaria al debate de reforma de la Justicia.
CONSEJO DE ESTADO IRÁ AL CONGRESO CON SU PROPIA REFORMA A LA JUSTICIA
Los detalles de la iniciativa serán revelados este jueves durante una rueda de prensa.
Según pudo establecer EL TIEMPO.COM, la iniciativa hará énfasis en el presupuesto de la rama
La propuesta de presentar un proyecto de reforma a la justicia diferente al del Gobierno fue revelada a EL TIEMPO.COM por el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, luego de que la mesa de concertación entre el Gobierno y las altas cortes no lograra resultados de fondo.
"Sería una iniciativa surgida de la propia Rama Judicial que buscaría consultar de manera adecuada, completa e integral aquellos puntos que le interesan y preocupan al Consejo de Estado. En ese sentido propondría materias que solucionen de manera concreta real y efectiva las dificultades que puede presentar en este momento la administración de justicia. Mantener la separación de los otros poderes y asegurar la autonomía y la independencia de la Rama Judicial como presupuesto fundamental para la consolidación de la paz en Colombia", dijo Fajardo en esa entrevista.
Sin embargo, no todos los miembros de la rama están de acuerdo con la iniciativa. De hecho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino no se mostró muy convencido de la necesidad de un proyecto, sencillamente porque no se requiere reformar a la justicia.
"La corporación considera que la justicia está funcionando, que no hay necesidad de reformarla salvo para fortificarla, aumentando el número de jueces para resolver el atasco y la congestión judicial", dijo Tarquino.
El presidente Juan Manuel Santos piensa diferente. Para el Jefe de Estado reformar la justicia es una prioridad para esta legislatura.
Sin embargo, no se ha mostrado en desacuerdo con que se presente un proyecto diferente al radicado por el Ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, Incluso, recientemente había dicho estar "ansioso de oír cuáles son las propuestas que las cortes van a presentar ante el Congreso, cuál es su punto de vista".
Estos son los puntos principales de la iniciativa del Gobierno que no comparten las altas cortes:
La tutela contra sentencias
El Gobierno pone fin al choque de trenes reglamentando la tutela contra sentencias. El recurso se presentará ante un juez superior, y en el caso de las altas cortes, el examen se hará en la sala plena de cada tribunal. Los roces entre los tribunales por estas tutelas se han originado porque no aceptan la supremacía de la Corte Constitucional en su revisión.
La Judicatura desaparece
El proyecto acaba con el Consejo Superior de la Judicatura y crea un nuevo ente integrado por los presidentes de las Cortes y un gerente de la Rama. Las funciones disciplinarias que tenía ese tribunal pasan a las cortes y a los colegios de abogados.
Notarios con funciones de juez
Gobierno da facultades jurisdiccionales a notarios, abogados y conciliadores por cinco años para resolver procesos y descongestionar la Justicia. Según el proyecto, la medida busca evacuar dos millones de procesos represados. Actualmente estos funcionarios, que dependen del Ejecutivo, cumplen con labores administrativas y solo los jueces ejercen las funciones judiciales.
Investigación de congresistas
Para garantizar el derecho a doble instancia, el proyecto le quita a la Corte Suprema la facultad de investigar a los congresistas y se la entrega a la Fiscalía. Estos procesos antes estaban en cabeza de la Sala Penal, que investigó la parapolítica y el proceso 8.000.
Elección del Procurador
El proyecto de reforma les quita a las Cortes la posibilidad de ternar candidatos a Procurador y Contralor. En el primer caso, la terna sería exclusiva del Presidente de la República. El actual Procurador fue el candidato que propuso el Consejo de Estado y lo eligió el Senado.
PROCURADOR PREOCUPADO POR MODIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE FAMILIA
El Procurador disertó ayer en Cali sobre el aborto y la objeción de conciencia institucional.
El Procurador disertó ayer en Cali sobre el aborto y la objeción de conciencia institucional.
El Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez está a la espera de que la Corte Constitucional profiera más que un comunicado de prensa sobre la decisión adoptada respecto a las uniones de parejas homosexuales en Colombia.
Según el Procurador, por lo que se conoce de esa decisión, lo que hace la Corte es modificar el concepto de familia en este país.
"Ahí se está modificando el concepto clásico y tradicional de familia y el concepto que tiene nuestra Constitución y nuestro Código Civil. Se modifica el artículo 42 de la Constitución que establece que, del matrimonio celebrado por una y uno es el medio para consolidar y configurar la familia", dijo el Procurador Ordóñez.
"Dice el comunicado que son razones de carácter efectivo y de convivencia las que determinan la familia, no la diversidad de sexo como rige en la Constitución. Eso surge de la lectura del comunicado de prensa, habrá que esperar a que se profiera la decisión", agregó el Procurador quien disertó ayer en Cali sobre el aborto y la objeción de conciencia institucional.
Para Ordóñez, la Corte se ha tomado atribuciones que no le corresponden. Dijo que la objeción de la conciencia era un derecho constitucional y que a través del proyecto de ley que regula ese derecho, y que él apoya, se busca un instrumento que proteja la con-ciencia de los colombianos.
"Hay que advertir que en materia de aborto las decisiones de constitucionalidad declararon exequible una norma del Código Penal y no hay una obligatoriedad en cabeza de las autoridades o de las funcionarios particulares para la práctica del aborto, lo que existe es que se despenalizaron unas conductas, pero de ahí, a derivar las obligaciones en cabeza de las entidades de salud, no existen", dijo el Procurador.
El funcionario no se explica cómo se reconocen más de 10 objeciones de conciencia como la de no presentar exámenes un sábado, no asistir a clases de religión, no izar la bandera o no asistir a bailes, por ejemplo, mientras la objeción en materia de aborto no aplica.
"Se desconocen derechos de una sociedad que tiene valores y principios. Impedirles que actúen en conciencia es que violen sus principios éticos", argumentó el Procurador, quien anticipó que lo verán mucho por el Congreso porque estará al pie de este proyecto de ley.
También anticipó que participará en las discusiones del Congreso sobre la reforma a la justicia.
EDITORIAL: HORA CERO DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS
Ningún cierre de hospital puede seguir quedando impune.
No cabe duda de que la crisis por la que atraviesa el sistema de salud afecta a todos los colombianos. Sin embargo, la situación de los hospitales públicos sigue ubicándolos en el grupo de los damnificados más visibles del sector.
Tales entidades reflejan en sus indicadores los efectos de la enrevesada madeja de normas, trámites y fallidas reformas acumuladas en dos décadas de vigencia del Sistema General de Salud, cimentado sobre la conocida Ley 100 de 1993.
La cartera morosa tiene como principales deudoras a las EPS. Solo durante el primer trimestre de este año, las del régimen subsidiado aumentaron sus deudas de 1,2 billones de pesos a 1,8 billones; hoy, según el Ministerio de la Protección Social, la deuda es cercana a los 1,5 billones de pesos.
El asunto es tan serio, que en Bogotá los 250.000 millones de pesos que les deben EPS como Solsalud, Caprecom, Humana Vivir y Ecoopsos a los 22 hospitales de la red distrital obligaron a la alcaldesa, Clara López Obregón, a estudiar la posibilidad de adelantar contra ellas acciones judiciales de tipo penal, por el impacto que la falta de recursos tiene sobre la salud de los bogotanos.
Vale decir que los problemas que esto acarrea a los centros asistenciales de la capital palidecen al pie de la situación de los hospitales regionales, muchos de los cuales amenazan con cerrar sus puertas, agotados por la asfixia financiera.
Uno de los casos es el del Fernando Tronconis, de Santa Marta, que sucedió al Julio Méndez Barreneche, liquidado en el 2007 por inviable. Su situación es dramática. En su corta vida acumula un déficit de 28.000 millones de pesos y ahora enfrenta un cese de actividades de sus contratistas y proveedores debido a la falta de pagos.
El Federico Lleras -principal centro asistencial del Tolima y el único de la región que atiende a personas con cáncer- agoniza por el hueco que le hacen 92.000 millones de pesos que le deben las EPS y el propio departamento.
Ni qué decir del Hospital Universitario del Valle. Pese a su importancia y nivel de complejidad, hay pacientes que deben llevar hasta el alcohol para ser atendidos, y los propios médicos tienen que recurrir a pañales desechables ante la falta de gasa. Resulta incomprensible que la alcaldía de Cali le adeude 17.000 millones de pesos, que aliviarían su situación.
Llegó la hora de que el país les dé la debida importancia a los hospitales públicos. Su papel como reguladores del sistema de salud es indispensable en momentos en que el sector está sumido en una crisis profunda por cuenta de los escándalos de corrupción y los pobres indicadores.
Vale resaltar, no obstante, la clara intención del Ministerio de la Protección Social de evitar su cierre. Ejemplo de ello es la adopción de medidas como el giro directo de recursos a estas instituciones, la inyección de más de un billón de pesos a la red pública antes de que termine este año, la depuración de las cuentas en las que se enredan montos multimillonarios y el seguimiento que hace de la mano de la Contraloría.
Pero no basta con eso. En la tarea de salvar los centros que quiere, merece y necesita la población, urge que estos apliquen a fondo ajustes administrativos y que pongan a raya los apetitos burocráticos de origen politiquero, que alimentan la corrupción y la ineficiencia que campean en muchos de ellos.
Ningún cierre de hospital puede seguir quedando impune. Los colombianos no pueden darse el lujo de mirar para otro lado ante lo ocurrido con instituciones emblemáticas como el San Juan de Dios, de Bogotá, cuya ausencia sigue lamentando el país.
EL ESPECTADOR
CORTES SE ENFRENTAN AL GOBIERNO Y RADICAN SU PROPIA REFORMA
El Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia presentarán este jueves a las 11 de la mañana su propia reforma constitucional.
Las Altas Cortes ahondaron la crisis que viven actualmente con la rama ejecutiva.
Luego de una semana de discusiones alrededor del proyecto de reforma a la justicia que radicó el Gobierno, las Cortes este jueves presentarán su propio acto legislativo.
Los presidentes del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, y de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, radicarán ante el Congreso la iniciativa que buscan, sea aprobada, y no la del Gobierno.
En su respuesta, el Gobierno Nacional ha insistido en que no busca un “choque” con la reforma a la justicia que presentó la semana pasada.
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que “el estudio y trámite de este proyecto no debe generar ningún choque de trenes, ni ninguna animadversión entre la rama ejecutiva y la rama judicial”.
“Es una gran oportunidad para entre todos encontremos las mejores soluciones que le pongan remedio a la situación que actualmente vive la justicia en demora, acceso y congestión del sistema”, aseguró.
La reforma a la justicia iniciará su trámite el próximo 23 de agosto. Ahí, todos los sectores pondrán presentar los puntos de vista “de unos y otros” en el seno de la comisión primera del Senado.
“Habrá lugar este martes a escuchar a los presidentes de las Altas Cortes como también al ministro de la Justicia y al ministro del Interior”, señaló.
Por eso, conminó a todos los sectores de opinión a que “no nos anticipemos a la discusión pues ese día el país va a tener la oportunidad de informarse sobre el proyecto”.
PIDEN QUE PENALIZACIÓN DEL ABORTO Y MATRIMONIOS GAY VAYAN A LAS URNAS
Bancada conservadora propone que sean los colombianos los que decidan el futuro de estas iniciativas.
Los miembros de la bancada conservadora de la Cámara de Representantes solicitarán al Consejo Nacional Electoral que autorice la inclusión de dos papeletas en las próximas elecciones de octubre, con el fin de consultar la opinión de los colombianos frente a la penalización del aborto y del matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Los congresistas que es necesario que el Congreso de la República reciba la legitimación de cada uno de los colombianos que, de acuerdo con su conciencia y convicciones morales y éticas, se muestren a favor o en contra de la transformación de elementos fundantes de la sociedad, como lo son la vida y la familia.
“Esta sería la mejor forma en la que se podría tomar una determinación como Estado y como Nación, dado que armonizaría nuestro actuar legislativo con la expresión voluntaria de cada uno de nuestros compatriotas”, indicó el representante David Barguil, vocero del Partido Conservador.
En consecuencia, se solicitará a la máxima autoridad electoral se autorice la inclusión este 30 de octubre de dos papeletas mediante las cuales se manifieste la voluntad sobre los temas referidos.
GOBIERNO NO QUIERE "CHOQUE" CON LAS CORTES POR LA REFORMA A LA JUSTICIA
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que el proyecto sólo busca dar solución a los actuales problemas de ese sector.
El Gobierno Nacional este miércoles insistió en que no busca un “choque” con la reforma a la justicia que presentó la semana pasada.
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que “el estudio y trámite de este proyecto no debe generar ningún choque de trenes, ni ninguna animadversión entre la rama ejecutiva y la rama judicial”.
“Es una gran oportunidad para entre todos encontremos las mejores soluciones que le pongan remedio a la situación que actualmente vive la justicia en demora, acceso y congestión del sistema”, aseguró.
La reforma a la justicia iniciará su trámite el próximo 23 de agosto. Ahí, todos los sectores pondrán presentar los puntos de vista “de unos y otros” en el seno de la comisión primera del Senado.
“Habrá lugar este martes a escuchar a los presidentes de las Altas Cortes como también al ministro de la Justicia y al ministro del Interior”, señaló.
Por eso, conminó a todos los sectores de opinión a que “no nos anticipemos a la discusión pues ese día el país va a tener la oportunidad de informarse sobre el proyecto”.
EDITORIAL: NO A LA CADENA PERPETUA
Una muy noble causa mueve a la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez a la hora de impulsar sus proyectos: el bienestar de los niños.
Lo dice en su página web, en sus discursos, en sus conferencias, en sus declaraciones. Y lo repite mucho, como una bandera en su infatigable cruzada para acabar la violencia que se ejerce contra ellos. Así lo hizo esta semana, a través de un duro comunicado de prensa en el que critica las apreciaciones de la Comisión Asesora de Política Criminal frente al referendo de cadena perpetua contra violadores que ella impulsa.
El estudio de la Comisión —integrada por juristas expertos en temas de Derecho Penal, Constitucional y política criminal— recomienda no aprobar el referendo tanto por razones de forma como de fondo. Sería inconstitucional, dicen, porque la norma no advierte ningún tipo de graduación en la conducta del agresor. Es decir, bajo lo que se firmó, toda persona que mate, viole, lesione o explote sexualmente a un menor, sin alguna otra consideración, tendría cadena perpetua. Esto es inadmisible dentro de nuestro derecho porque, para condenar a un criminal, tienen que tenerse en cuenta ciertas condiciones que dieron origen al hecho. Lo es también alterar en el Congreso el texto de la norma firmada para que quede “se podrá castigar, hasta con cadena perpetua…”, ya que está prohibido cambiar sustancialmente sus palabras y su sentido. Esto último es sabiduría popular: por ese mínimo detalle se hundió, por ejemplo, el referendo reeleccionista.
Pero hay más. La Comisión cita estudios de la muy prestigiosa Human Rights Watch, que indican la leve tasa de reincidencia de los abusadores de menores. Si pueden tratarse social y sicológicamente, ¿para qué meterlos de por vida en las ya hacinadas cárceles colombianas? Y si se trata de un enfermo mental, ¿no iría a parar, con nuestro derecho vigente, a un tipo especial de cadena perpetua dentro de un hospital siquiátrico? Asimismo, la Comisión asegura que la sanción, por su esencia, no permite la resocialización del delincuente, aspecto fundamental dentro de nuestro régimen constitucional. Piden los expertos que, en vez de cambiar la Constitución, se haga énfasis en la eficacia del sistema judicial a la hora de condenar a los responsables.
La senadora responde airadamente, como si se tratara de un ataque personal. No le parece nada. Ataca a la Comisión diciendo que ellos no alcanzan a percibir los graves índices de violencia contra menores; que la norma sometida a las firmas, por “sentido común”, implica una graduación de la conducta; que debieron citarla por ser vocera del proyecto —pese a que no se trata de un debate en el Congreso, sino de un estudio encargado por el Gobierno—; que en su análisis les prestan más atención a los delincuentes, y a sus derechos, que a los niños víctimas de ellos; que con este estudio, así no lo quisieran, irrespetaron a los menores; que ella no puede ser tildada de populista. Y sigue así a través de ocho extensas páginas.
Las recomendaciones que se le hacen, sin embargo, no son, de ninguna forma, una obstrucción a su labor como “senadora de los niños”, sino por el contrario, un paquete de argumentos jurídicos con los que puede entrar en diálogo para seguir adelante con su loable propósito de defensa de los niños. Existen otras vías más allá de la represión y el garrote que se usan para combatir el crimen a nivel mundial. No por los terribles índices de violencia contra menores puede sacrificarse todo el esquema constitucional sobre el que estamos parados. La cadena perpetua es una pena que suena bien ante lo execrables que son los delitos contra los niños, sí, pero resulta desproporcionada, presumiblemente inútil para disuadir al criminal, y no permite la realización de elementos esenciales que harto costaron con la promulgación de una nueva Constitución.
DERECHOS: ¿ABSOLUTOS O RELATIVOS?
Por: Rodolfo Arango
El Movimiento Conservador Antiabortista busca con cinco millones de firmas modificar la Constitución para erigir el derecho a la vida en un derecho absoluto.
Los defensores de la liberalización del aborto defienden, como mínimo, su despenalización en los tres casos señalados por la Corte Constitucional: violación, malformación genética, peligro para la vida de la madre. Obviando el debate sobre si los primeros intentan imponer por vía jurídica su concepción religiosa a los segundos, en contravía del carácter no confesional de nuestro Estado, lo cierto es que la defensa jurídica de la vida por medio de las leyes es una pretensión democrática que no se puede negar a las personas religiosas. Lo pacífico sería, en un mundo ideal, que los cristianos creyentes no practicaran el aborto y que sancionaran internamente a los correligionarios desconocedores de la prohibición. Pero en el mundo real el conflicto surge cuando se pretende exigir jurídicamente a no religiosos el respeto irrestricto de la vida.
La discusión que subyace a la controversia pública consiste en saber si debemos adoptar una concepción absoluta de los derechos o, por el contrario, una concepción relativa. La primera no acepta limitaciones a los derechos en ningún caso. La segunda permite tales limitaciones cuando existen razones de peso que las justifiquen, por ejemplo para salvaguardar otros derechos o principios constitucionales de igual jerarquía. La primera posición es inflexible. La segunda, no.
Quienes defienden los derechos absolutos presuponen un mundo donde los derechos no colisionan o chocan entre sí. El ejercicio simultáneo de los mismos es siempre posible, como posible es saber cuál prevalece sobre cuál. De aceptarse la concepción absoluta no habría manera de argumentar a nivel constitucional a favor de la legítima defensa ni del estado de necesidad, ambas figuras del derecho penal que permiten desconocer la vida de otra persona en casos de una grave agresión o de un peligro extremo que amenaza la propia vida.
La concepción relativa, por su parte, considera que el mundo es demasiado estrecho para el pleno ejercicio de los derechos, siendo inevitables las colisiones. La armonización de derechos es para esta teoría necesaria. Los derechos requieren ser limitados y sus limitaciones ser justificadas mediante razones objetivas y suficientes. Lo anterior supone un alto grado de racionalidad, ecuanimidad y ponderación en la práctica jurídica.
Con independencia de cuál concepción de los derechos se prefiera, lo que se espera en un sistema democrático racional es que la concepción adoptada sea coherente. Tal prueba no la pasa la concepción absoluta. La defensa de derechos no susceptibles de limitación lleva a resultados inmorales, no ordenados ni siquiera por la más radical de las teorías morales. Ninguna teoría moral espera de sus seguidores la autoinmolación para salvaguardar un valor absoluto, salvo quizás aquella de fanáticos suicidas. Estos deberes, llamados “supererogatorios” por ir más allá de lo debido, carecen de exigibilidad moral. Las conductas de autosacrificio —como la que pretende exigir a la mujer continuar su embarazo pese al riesgo de muerte— son propias de heroínas y santas, no de seres humanos comunes y corrientes. En el país del Sagrado Corazón de Jesús los neoconservadores pretenden hacer obligatorio jurídicamente lo que ni moralmente es exigible. Y esto pese a la ineficacia social de tales leyes y a la carente voluntad política de exigir su cumplimiento. ¡Vivir para ver!
ABORTO, ¿DELITO O PECADO?
Por: Klaus Ziegler
La desfachatez con que el procurador Ordoñez antepone su camándula por encima de sus obligaciones constitucionales le ha valido más de una decena de quejas disciplinarias ante la Corte Suprema, y duros cuestionamientos por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
No era de extrañar que más tarde que temprano los sectores ultraconservadores de la sociedad, ahora encabezados por el senador José Darío Salazar, iniciaran una nueva cruzada para prohibir la práctica del aborto en los tres casos despenalizados por la Corte Constitucional.
Esta nueva iniciativa, elaborada en conjunto con autoridades eclesiásticas, se apoya en el principio del “inviolable derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural", un canon en flagrante contradicción con los mandatos del propio Catecismo Católico, aprobado por Juan Pablo II, y supervisado por Ratzinger, donde se hace explícito (numeral 2266) que “la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionales a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte”.
Por otro lado, es sorprendente que esos furibundos antiabortistas no adviertan la manifiesta violación al principio (sin excepciones) que reclama la protección de la vida humana, cuando privilegian la supervivencia del bebé por encima de la vida de la madre. En 2009, en Brasil, una niña de apenas nueve años, violada por su padrastro, quedó embarazada y esperando gemelos. Ante el grave peligro que implicaba el embarazo, los médicos decidieron practicarle un aborto, legal en estas circunstancias. El arzobispo José Cardoso, quien excomulgó a la madre de la niña y a los médicos que lo realizaron, al ser cuestionado sobre el riesgo de muerte al que habría sido sometida la pequeña de no ser intervenida, replicó: "Una médica italiana mantuvo su embarazo aún sabiendo los riesgos que corría; ¡murió, pero se hizo santa!”. ¿Es esta la clase de inmoralidad que debemos respetar?
Pensemos en el caso de una mujer que presenta un embarazo ectópico. Según el principio del inviolable derecho a la vida, nadie podría intervenirla, pues hacerlo conllevaría a la muerte del embrión, algo que se supone equivale al homicidio. ¿Acaso es ético esperar a que ocurra la ruptura de la trompa de Falopio, sin importar que se exponga a la madre a sufrir un choque hemorrágico, frecuente en estos casos? Y si llegase a morir, ¿no se estaría violando el sagrado derecho a su vida? Y lo que es aún peor, ¿no se violaría así mismo el socorrido derecho a la vida del pequeño embrión?
Se arguye que el embrión, o incluso el cigoto, es ya un humano, y que por tanto la terminación voluntaria de un embarazo que apenas comienza también constituye un delito. El argumento se fundamenta en la creencia de que Dios infunde el alma en el momento de la concepción. Se olvida, sin embargo, que en un estado laico la legislación no se establece para hacer valer los dogmas propios de una fe. Para algunos musulmanes, por ejemplo, solo después de cuarenta días a partir de la fecundación, el embrión finalmente “recibe el espíritu”. Y para los budistas, cuyo máxima es evitar todo sufrimiento, el aborto se consiente cuando se trate de una madre embarazada que arriesga su vida durante el parto, o que lleva en su vientre un hijo con impedimentos graves, una postura que se apoya en una ética racional, y no en creencias sobrenaturales.
Otros alegan que el cigoto es un “humano en potencia”. Quienes así razonan parecen ignorar que incluso una sola célula de la piel, no alberga solo uno, sino miles de humanos en potencia, pues hoy es posible crear a partir de cualquiera de ellas infinidad de clones del mismo organismo. Así que si aceptamos el argumento de que destruir el cigoto es destruir “un humano en potencia”, tendríamos que aceptar que al afeitarnos cada mañana estaríamos cometiendo un “genocidio potencial”, pues cada vez que desprendemos un trozo microscópico de piel enviamos por el lavamanos a millones de pequeños potenciales homúnculos a una muerte segura.
Es obvio que prohibir o permitir el aborto, como tantas otras decisiones morales, depende en últimas de los principios éticos que estemos dispuestos a aceptar. Para los testigos de Jehová, por ejemplo, las trasfusiones de sangre atentan contra las enseñanzas bíblicas, y es preferible que un niño se desangre antes que practicarle una transfusión. Para algunos católicos el uso de la “píldora del día siguiente” vale por el asesinato de una criatura indefensa. Según el consenso científico, de otro lado, no hay “alma” mientras no exista cerebro, y en consecuencia un embrión de pocas semanas, carente aún de sistema nervioso, sufre o goza tanto como una ameba o un eucalipto.
Para muchos resulta abominable sacrificar un embrión, sin importar que porte defectos genéticos horrendos como la epidermolisis ampollosa, enfermedad hereditaria que hace que la piel se desprenda o se ampolle al más mínimo roce. Los pequeños que nacen con este mal no pueden siquiera bañarse, pues el solo contacto con el agua los hace gritar de dolor. Tampoco pueden alimentarse, debido a las llagas que aparecen en su esófago. ¿Cómo se pretende defender la “dignidad de la vida” alegando que se hace necesario aceptar el sufrimiento indescriptible de un niño en estas condiciones, cuando en realidad podría evitarse, una vez se compruebe que el embrión carga la terrible enfermedad?
Es indudable que el aborto plantea problema éticos complejos, máxime si el feto se encuentra en estado avanzado de desarrollo. Es una desgracia, sin embargo, que decisiones fundamentales para la sociedad colombiana estén en manos de autoridades eclesiásticas convencidas de que aún rige la Constitución de 1886, y de legisladores que tratan de aprovechar su investidura para convertir sus propios prejuicios y creencias religiosas en leyes universales.
INDÍGENAS Y TEOCRACIA
Por: Humberto de la Calle
Ya lo sé. El reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución está plenamente justificado por mil razones, entre ellas la discriminación ancestral de que han sido víctimas. Léase no más la ley de indígenas de fin del siglo XIX cuyo explícito propósito era "reducirlos" a la civilización.
Nada hay, pues, en contra de esta acción afirmativa emprendida en 1991. No se trata de eso.
Pero sí llama la atención que la cuestión indígena, en particular la protección de sus costumbres, es como una cápsula teocrática en el intestino de una Constitución cuya fibra es la libertad de pensamiento. Un texto que podría haber sido redactado por Voltaire, coexiste con una serie de desarrollos en los que se respetan los sitios de pagamento, los lugares sagrados, los ritos y costumbres ancestrales y hasta sus formas de justicia, algunas de ellas indignantes como los azotes y castigos físicos de diversa índole.
Puede que la sociedad “blanca” no haya sido capaz de remover el acantonamiento militar que impide el desarrollo de Bogotá al norte de la calle cien (lo cual, de paso, es una verdadera aberración en una democracia que se cree civilista). Pero es seguro que si una línea de metro, o una avenida importante, tiene que pasar por un cementerio, nadie oiría su hipotética letanía quejumbrosa. El buldócer de la civilización echaría por tierra los lugares necesarios, por mucho que estuvieran ligados al culto religioso.
Esas pequeñas incongruencias son inevitables. Ya es tópico decir que la igualdad no es sólo tratar igualmente a los iguales, sino de manera legítimamente desigual a los desiguales.
Pero lo que sí parece una aberración es que para posar de “progre” haya que estar con la Constitución en el libre desarrollo de la personalidad, la dosis mínima, el aborto, la eutanasia y el matrimonio gay. Pero al mismo tiempo, sin pestañear, haya que oponerse a toda obra que mancille los ritos y creencias teológicas de los indígenas. O que critique procedimientos de justicia realmente bárbaros. Es una flagrante violación del principio de identidad. Claro que, en política, este principio ha sido más violado que camarera de Sofitel.
A veces se trata de necesidades meramente tácticas. Las confesiones protestantes fueron aliadas del Partido Liberal en dos elecciones, al menos. Era una unión necesaria en aras de abrir las puertas de la libertad religiosa. Pero con el tiempo, se ha venido a ver lo que predije algún día: que era una unión contra natura. Y en efecto, para muestra, mientras el liberalismo acepta parejas gay, estas confesiones se unen a lo más rancio del catolicismo y de los musulmanes, alegando precisamente que lo que es contra natura (valga la jocosa y deliberada redundancia) es el matrimonio igualitario.
Y eso que por ahora no hablo de los desmanes que se cometen a nombre de verdaderos y muchas veces falsos pueblos indígenas, mediante acciones de entorpecimiento del desarrollo. Un ilustre ministro me dijo: A uno le enseñan que una ley requiere cuatro debates en el Congreso. Ahora hay que agregarle 40 más, para sumar 44, dadas las exigencias relacionadas con la consulta previa. No es para menoscabar los derechos indígenas. Pero sí para salirle al paso a la exageración.
EL REINO DE LA GODARRIA
notas de buhardilla Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Era obvio que la Iglesia Católica no iba a desaprovechar los ocho años de canonjías que les dispensó Uribe. Desde entonces promovieron una cruzada para reformar la Constitución del 91 y volver confesional el Estado, la cual arrancó restableciendo el estudio obligatorio de la educación religiosa en los colegios públicos. Eso en una nación de mayoría católica, supone imponer el estudio del culto católico, como en efecto está ocurriendo.
Ni el Partido Liberal, ni el Polo, ni los librepensadores, protestaron por esa reforma que sepultó el principio de la libertad de cultos. Por el contrario, senadores de esos partidos y hasta el excandidato Horacio Serpa, se fueron de bruces apoyando la candidatura de Alejandro Ordóñez a procurador, quien tampoco ha desaprovechado el cuarto de hora, para imponer su fe.
A propósito, tal es el encono de la actual Procuraduría, que la delegada en Asuntos de Familia, Ilva Myriam Hoyos, conspicua servidora del Opus Dei, abusa con sutileza del poder de vigilancia ante varias entidades públicas, a las cuales pide informes sobre las medidas adoptadas frente a organizaciones privadas que atienden programas de fecundación o que practican legalmente el aborto. Una llamada telefónica suya a un servidor público preguntando si ha iniciado o no acciones contra una determinada entidad, además de constituir una incitación a promover investigaciones, es lo más parecido a una amenaza.
Lo que está por pasar en esta legislatura es la estocada final a la tolerancia y al respeto institucional, pues los godos todos, incluidos aquellos que hoy ofician como miembros del Partido de la U o de Cambio Radical, han puesto en marcha una estrategia siniestra para que en nombre de su fe se cercenen derechos a las parejas homosexuales y a las mujeres que tengan que enfrentar la dura prueba del aborto, todo para contrarrestar doctrinas libertarias de la Corte Constitucional.
Mientras el liberalismo contribuye con lealtad e ingenuidad a la Unidad Nacional, la derecha promueve proyectos de ley para impedir que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio; o para imponer un estatuto de objeción de conciencia retardatario y abusivo, o una reforma constitucional prohibiendo el aborto, dizque avalada por cinco millones de firmas que nadie sabe cuándo ni cómo fueron recolectadas, ni cuánto costó ni quién financió esta tarea, de manera que nuestra sociedad quede condenada a que sus mujeres no puedan interrumpir sus embarazos por razones de salud o cuando hayan sido violadas, o por inviabilidad del feto, como lo ha autorizado la Corte Constitucional.
Si en el gobierno de Uribe era impensable desoír la jerarquía católica, menos en el de Santos, no precisamente porque me convenzan sus forzados gestos para aparecer como rezandero, cuando jamás lo ha sido, o porque haya nombrado un cura en el Sena, sino por su reconocido pragmatismo de no crearse problemas. No lo veo instruyendo a sus ministros para que se opongan a todos los proyectos de esa jauría recalcitrante, ni dando línea a Juan Lozano, Roy Barreras y demás aliados, para que defiendan el principio elemental de convivencia de garantizar un Estado despojado de fanatismos religiosos.
No hay tampoco un solo ministro dispuesto a darse la pela de contrariar a la poderosa Iglesia Católica y a su más alto obispo, Alejandro Ordoñez. Unos porque quieren ser presidentes y prefieren no atreverse; otros, porque son sencillamente godos; y los demás, porque la ideología les parece lo de menos.Eso incluye al inefable Argelino Garzón, adulador de sotanas, experto en prenderle velas a Dios, pero también al Diablo.
El Partido Liberal tiene la responsabilidad de hacer sentir su voz, porque sumarse a la Unidad Nacional nunca fue a costa de revivir la patria del Sagrado Corazón.
Adenda. Es casi risible el pataleo uribista. Primero atribuyeron los carcelazos a Arias y Moreno a una persecución de la Corte; como esa tesis no pegó, acuñaron la teoría de que todo es una represalia de los paracos extraditados. Y semejante raciocinio lo “adornan” con el cuento de que como no robaron , los angelitos no delinquieron, como si beneficiar a terceros o suscribir contratos ilegales o espiar a las Cortes no fuese también delito.
EL NUEVO SIGLO
LOS ÁMBITOS DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Pese a la polémica sobre un proyecto de ley estatutaria que más de 40 congresistas, con acompañamiento de la Procuraduría, radicaron para reglamentar este derecho fundamental, lo cierto es que tanto la Corte Constitucional como el derecho colombiano han reconocido esas garantías en varios campos. Aquí los principales casos, según la exposición de motivos de la iniciativa.
1. Servicio militar: La jurisprudencia de la Corte considera que a partir de una lectura armónica de los artículos 18 (libertad de conciencia) y 19 (libertad de religión y de cultos) de la Constitución, a la luz del bloque de constitucionalidad, es posible concluir que de los mismos sí se desprende la garantía de la objeción de conciencia frente al servicio militar.
2. Juramento: Se avaló el deber de prestar juramento para hacer una denuncia de carácter penal, así como el deber del Presidente de la República de prestar juramento a Dios cuando toma posesión de su cargo ante el Congreso.
3. Deberes cívicos: El alto tribunal ha reconocido este derecho respecto del deber de una estudiante de participar en un desfile cívico o de izar la bandera, o de actuar un ciudadano como jurado de votación.
4. Deberes en establecimientos educativos: La Corte se ha pronunciado respecto al deber de estudiantes fieles de una confesión religiosa para asistir a clases o para presentar exámenes los sábados o para asistir a bailes.
5. Tratamientos médicos: Se ha resuelto la situación de conflictos entre el derecho de libertad religiosa de los padres y el derecho a la vida y a la salud de su hija menor de edad, las transfusiones de sangre de los Testigos de Jehová, así como los deberes de los médicos.
6. Aborto: En los casos de las tres excepciones de penalización de esta conducta, la Corte admite la objeción de conciencia para la prestación del servicio de la interrupción voluntaria del embarazo con estas condiciones: no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas o el Estado; sólo se reconoce a personas naturales; las clínicas, los hospitales, los centros de salud no pueden hacer uso de la objeción de conciencia; en relación con las personas naturales, la objeción de conciencia hace referencia a una convicción de carácter religioso debidamente fundamentada; el médico objetor de conciencia debe remitir la mujer a otro médico que sí pueda llevar a cabo el servicio.
En servidores públicos
7. Objeción de legalidad: Cuando se da un conflicto de deberes jurídicos que puede solucionarse por los medios previstos en el mismo ordenamiento a través de la no ejecución de un deber legal ante la duda fundada acerca de la legalidad de la norma que debe aplicarse. Es decir, procede cuando existe incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica. La llamada excepción de constitucionalidad es, por tanto, una forma de objeción de legalidad.
8. Obediencia debida: Es una figura jurídica propia del Derecho Penal que ha ido extendiéndose a otras áreas del Derecho, considerada o bien como eximente de responsabilidad penal por delitos cometidos en cumplimiento de una orden de un superior jerárquico o causal de ausencia de acción o causal de error o causal de inexigibilidad. La Corte, en todo caso, también ha considerado que las órdenes, incluso en el caso de órdenes militares, violatorias de los derechos fundamentales intangibles e inescindibles de la dignidad humana no deben ser ejecutadas, y que, en caso de serlo, tales órdenes no pueden ser alegadas como eximentes de responsabilidad.
9. Asuntos de conciencia y actuación en conciencia: Para el caso de la Ley de Bancadas, que obliga a los integrantes de un Partido a votar unificadamente y acorde con las instrucciones de las jefaturas y directorios, se exceptúa cuando el congresista, diputado o concejal alega que votará o actuará de manera diferente por cuestiones que conciencia.
¿Qué busca el proyecto?
Pretende desarrollar el derecho fundamental de la libertad de conciencia específicamente en los casos en los que, debido al carácter imperativo de una ley, una decisión administrativa o judicial, un contrato o convención, la persona considere fundada y razonadamente que la misma representa una grave contradicción con sus convicciones más profundas, sean éstas de carácter moral, filosófico o religioso, haciéndose por ello inviable la realización de la conducta prescrita. Desarrolla el derecho fundamental de objeción de conciencia a través de los ámbitos en los cuales tal figura puede hacer parte del ordenamiento jurídico como una verdadera y eficaz garantía de la libertad de conciencia (artículo 18), en conexión con el principio de la dignidad humana (artículo 1°), la libertad religiosa y de cultos (artículo 19), así como la libertad de pensamiento (artículo 20).
URGENTE REFORMA A LA JUSTICIA
JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO
“Ser eficientes y no por la vía de más burocracia judicial”
DIJO muy recientemente el Presidente de la Corte Suprema de Justicia a El Tiempo que “La corporación considera que la justicia está funcionando… (y) que no hay que reformarla, salvo para fortificarla aumentando el número de jueces”. Confieso que al leer esta apreciación quedé confundido. No sólo por el diagnóstico planteado, sino por la solución propuesta.
Para nadie es un secreto el “despelote” de nuestro sistema judicial. Decisiones de jueces que rompen con el sentido común, escándalos en la rama, luchas políticas con el nivel ejecutivo y el legislativo que destruyen la institucionalidad, choques de trenes entre las altas cortes, gerente de la rama judicial que no se nombre después de pasado más de un año sin que nada suceda, procesos que duermen el sueño de los justos, postulaciones que han politizado la justicia en Colombia y le han debilitado su tradicional grandeza, personas investigadas y condenadas que nunca tuvieron el derecho a segunda instancia, pruebas que antes sí fueron y ahora resulta que no eran y, sin embargo, condenaron a alguien, ausencia de iniciativas cuando se les invita a participar a las cortes en el debate democrático, burocratización e ineficiencia de otra parte de la rama judicial, un Presidente del Congreso que expresa con preocupación casi el amordazamiento en que se encuentran muchos congresistas cuando se discute el tema de la Rama Judicial, pruebas que no son válidas en Colombia pero sí en el exterior (¿?) y mucho más.
En medio de este escenario, con inteligencia el Gobierno Nacional abrió a un debate amplio y generoso para la Reforma a la Justicia, y la respuesta a la final recibida sorprende por ser justamente contraria a los valores democráticos que nos han caracterizado. Resulta que ahora los representantes de las Altas Cortes llamarán a una veeduría internacional y les preocupa que en la sabiduría del Congreso pierdan atribuciones como rama del poder público.
Lo primero que debe quedar en claro es que el Congreso debe ser autónomo y libre en el debate de la Reforma a la Justicia y que sus representados esperamos que decidan y discutan sin ningún temor a represalia alguna. Son ellos quienes deben aprobar los ajustes a la Constitución y a la Ley, y tienen esa potestad en virtud de representarnos a todos democráticamente.
De entrada gusta de la propuesta del Gobierno que haya un solo ente que decida las tutelas contra sentencias judiciales, que se acabe con el desorden administrativo del Consejo Superior de la Judicatura, que se intente con estrategias innovadoras y más efectivas descongestionar el atraso judicial, que se garantice a todos la doble instancia en procesos judiciales y que no politicemos la justicia en las elecciones de altos cargos. Ojalá no caigamos en la sindicalización del discurso para ahora hablar de la “privatización de la administración de justicia”. De lo que se trata es de ser realmente eficientes y no precisamente por la vía de más burocracia judicial ineficiente.
REVISTA SEMANA
CONSERVADORES PEDIRÁN CONSULTA POPULAR SOBRE ABORTO Y MATRIMONIO GAY
En una junta de parlamentarios azules, se definió consultar la posición de la sociedad acerca del aborto y el matrimonio entre las personas del mismo sexo.
Con el argumento de que el Partido Conservador debe actuar en sintonía de la postura de la sociedad, el representante Heriberto Sanabria propuso hacer una consulta popular en la que se le pregunte a los colombianos cuál es su opinión en cuanto al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Al aceptar esta propuesta, el presidente del Partido tramitará la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral para que este autorice la consulta. De hacerlo, el próximo 30 de octubre habría una papeleta en la que se consultará a los electores.
Aunque no se ha definido la pregunta, la consulta buscaría conocer la opinión de los colombianos sobre el concepto de familia, y si consideran válido que se pueda conformar entre personas del mismo sexo o si debe ser exclusivamente entre un hombre y una mujer.
Sobre el aborto se consultará si se debe proteger el derecho a la vida incluso si se trata de los tres casos específicos en los que la Corte Constitucional admitió la práctica de la interrupción del embarazo.
Al aceptar esta consulta, el Partido Conservador no renunciará a la iniciativa que radicó en el Congreso para prohibir el aborto. Solo pretenderían refrendar y convalidar con esas elecciones la intención de sacar adelante la iniciativa.
Los congresistas que es necesario que el Congreso de la República reciba la legitimación de cada uno de los colombianos, que de acuerdo con su conciencia y convicciones morales y éticas se muestren a favor o en contra de la transformación de elementos fundantes de la sociedad, como lo son la vida y la familia.
"Esta sería la mejor forma en la que se podría tomar una determinación como Estado y como Nación, dado que armonizaría nuestro actuar legislativo con la expresión voluntaria de cada uno de nuestros compatriotas", indicó el representante David Barguil, vocero del Partido Conservador.
En consecuencia, se solicitará a la máxima autoridad electoral se autorice la inclusión este 30 de octubre de dos papeletas mediante las cuales se manifieste la voluntad sobre los temas referidos.